Introducción
Élites, oligarquías, clases dirigentes y clases dominantes han existido en todas las áreas geográficas y en todos los momentos de la historia de la humanidad. Las élites y las oligarquías son, hasta cierto punto, inevitables. Todos tienen diferencias cualitativas y cuantitativas.
Nuestro país, caracterizado por sus contradicciones, no podía no ser disonante también en materia
de cómo funcionan sus élites en el entramado socioeconómico y político, con respecto a los países de la región, aunque compartan también naturalmente, algunos rasgos comunes.
Hay mucha literatura describiendo cómo el capitalismo prebendario convive con el capitalismo
de riesgo en la Argentina, pero mucho menos abundante acerca de los actores protagónicos del
ámbito privado que impulsan aquél, y que ejercen el poder [fáctico] en forma permanente:
trascienden los gobiernos democráticos y los golpes de Estado, son impermeables a cualquier
modelo económico que la política pretenda implantar, y resultan inabordables para el resto de los
ciudadanos.
Un debate pendiente que la democracia argentina tiene, es respecto al rol del (gran) empresariado
[es decir, de su élite económica] en el juego social. Y ello es así en virtud de que la sociedad masiva desconoce el futuro que sueñan esos personajes, para sí y para el país. La visión que sobre la nación proyectan.
Se desconoce si realmente existe un proyecto productivo-tecnológico inclusivo (o excluyente), y desde ya, ignoramos si existe siguiera un plan de desarrollo nacional autónomo, ya que las conductas concretas de las grandes corporaciones nacionales, parecen solo contar con planes de negocios, generalmente asociados subordinadamente a intereses extranjeros.
En este punto se impone una aclaración: los actores sectoriales dominantes, cuentan con foros de
encuentro, instituciones que los agrupan como empresarios, y otros escenarios coyunturales, en los que periódicamente emiten comunicados, proclamas, manifiestos o “conclusiones” de sus debates, que son siempre ideológicos y contingentes, son pronunciamientos de la hora, eso sí con apoyos o críticas explícitas a rumbos gubernamentales, pero nunca presentando un rumbo estratégico esperado.
En el caso de Argentina, la élite económica no es proclive a mostrarse en público, y, a diferencia de otros países latinoamericanos, rara vez se postulan a puestos legislativos donde puedan presentar y defender iniciativas sectoriales, e impulsar –a cara descubierta– ciertas políticas públicas. Sí en cambio, algunos C.E.O.s de las grandes empresas son designados en cargos ejecutivos por el poder político, normalmente desde gobiernos afines al libre mercado.
Sin embargo, este fenómeno también se produce a la inversa, en forma de “compensación”. En
realidad, se trata de un fenómeno al que en la literatura se denomina “puerta giratoria”: las personas pasan de puestos gerenciales en el sector privado a puestos de alto rango en el sector público y viceversa. En Argentina, a diferencia de otros países, este modo de traspasos no está suficientemente regulado.
En síntesis, podríamos decir que se trata de un sector social de actores influyentes pero invisibles.
Nuestra orientación y aclarando conceptos
Cuando decimos élites, la entendemos desde ya como expresión de poder, que, en nuestro ámbito subcontinental, se asocia con altos índices de desigualdad, y por consecuencia escasos progresos fiscales (entre otros escenarios). Se trata de “la clase selecta” de gobierno, es decir, la que directa o indirectamente ejerce un notable poder.
En nuestro país, por su trayectoria histórica, la vinculamos directamente a la clase propietaria, desde su afianzamiento (hace ya un siglo y medio), fue el modelo de economía agraria dinámica, particularizada por la gran propiedad rural, y sus dueños concentraron gran riqueza y por ende visibilidad social, inevitablemente hizo que la clase capitalista tuviese gran relevancia a la hora de explicar los rasgos de esta sociedad. En sus orígenes, la incidencia económica del Estado, era reducida con respecto a su evolución posterior, con el advenimiento de gobiernos populares como el de Yrigoyen al promediar la 1ª Gran Guerra. Hasta entonces, los grandes capitalistas y los gobiernos gozaron de una asociación de mutua connivencia, o buena convivencia.
A medida que el Estado, a través de gobiernos populares, e incluso conservadores, actuó progresiva pero decididamente en la economía, como rector, inversor o interventor, la élite económica, practicó lo que en ciencia política conocemos como “captura del Estado”, esto es, la creciente penetración de intereses privados en las esferas estatales, lo que implica la coordinación entre determinados sectores de actividad o grupos técnicos que representan intereses privados nacionales e internacionales dentro del aparato burocrático estatal y en las decisiones de política pública.
En otros términos, podemos interpretar como la situación de “influencia indebida” de las corporaciones sobre los órganos de decisión de la burocracia estatal, influyendo en todo el ciclo de políticas públicas a su favor, a través de mecanismos considerados legales o ilegales (es decir la corrupción).
A su vez, las corporaciones –sean nacionales o extranjeras– son vistas como los actores
económicos más poderosos, que ejercen un poder multidimensional basado en aspectos económicos, políticos, discursivos y sociales. Esto es posible porque estos grupos tienen amplias ventajas materiales y detentan muchas oportunidades de relación. En otros términos, mediante ciertos mecanismos, concentran poder y acaparan privilegios económicos, contribuyendo al
mantenimiento y reproducción de las desigualdades sociales.
Nuestro país siempre se destacó por tener valores positivos en sus niveles de satisfacción de la democracia, como así también la confianza en las instituciones políticas y sociales, por tanto, es más permeable a las demandas de la ciudadanía que a las elites económicas, pero eso está cambiando desde hace al menos 10 años. El “fenómeno Milei” es una consecuencia de la desazón de vastos sectores sociales que, ante ‘fracasos’ materiales de la política en su beneficio [la brecha de la desigualdad se amplía], comenzaron a desconfiar de la democracia, y descreer de las instituciones. Hoy, la calidad de la democracia argentina está en entredicho, y sus instituciones políticas manifiestan elocuentes déficits de legitimidad.
Todo empeora con regímenes promercado como la «alianza libertaria gobernante» actual, que facilita la concentración de la extrema riqueza en algunos pocos (élites que capturan el sistema), y moldean sus políticas desde el Estado, excluyendo la reducción de la pobreza y la desigualdad, como metas equilibrantes, propias de un estado de bienestar o simplemente semi-intervencionista.
La aplicación de políticas económicas neoliberales con que los gobiernos de derecha insisten, reviven crecientemente la influencia política de los empresarios, colocando en el centro al sector privado y a los empresarios como agentes del desarrollo económico y del orden social, en el imaginario colectivo, así desplazando inconscientemente al Estado de ese sitial.
Los empresarios poderosos se aglutinan en grupos y asociaciones, o utilizan sus corporaciones
(cuando son monopólicas u oligopólicas), como factores de poder, con fuerte incidencia en áreas clave del Estado y las políticas públicas, y podríamos agregar; con alta eficacia en la defensa de sus intereses económicos. Esta práctica ya está establecida y afianzada desde mediados de los ’70, y es transversal a todos los gobiernos, sea cual sea el signo. Las prácticas más comunes de los empresarios y sus representantes son los lobbies y cabildeos frecuentes sobre aquellos. La diferencia sustantiva entre gobiernos con proyectos populares (estado-céntricos) y los de “libre mercado”, es que la injerencia de esos intereses privados, en el diseño técnico e implementación de políticas públicas de difícil control y contrapeso, es mucho mayor y virtualmente decisiva en el resultado de su aplicación.
Medios masivos. Una poderosa herramienta
Las élites ejercen influencia directa sobre los medios de comunicación para suprimir o modificar la información. La práctica –que incluye una panoplia de tácticas– se la conoce como «captura de medios», especialmente eficaz cuando existe una connivencia entre las élites y los gobiernos, no para producir información genuina, sino para la construcción de sentido, la justificación de ciertas políticas antipopulares, o para intervenir sobre los procesos de toma de decisión (judiciales, políticos, etc.).
Las medidas directas incluyen la violencia, la corrupción (sobres y coimas), la influencia de los
anunciantes (sponsors), la propiedad accionaria de los medios, la censura, la preeminencia legal
(favoritismo), las relaciones públicas y, como ya se mencionó, el “cabildeo” [reservado]. Todo ello
constituye una forma de subversión institucional que emplean los elitistas siempre, para obtener
o sostener beneficios en la lucha por recursos económicos, por lo que consolida la desigualdad
en la democracia.
Los medios que dependen su subsistencia del apoyo estatal o enteramente de entes privados, sin
generar ingresos por la venta de sus propios contenidos producidos, son muy vulnerables a ser
capturados por el dinero (que alguien les garantice). Los medios de comunicación privados que
han sido desregulados virtualmente de todo control estatal, en general están concentrados [élites
propietarias], los que le concede un amplio poder. Los management a su servicio, están en capacidad para modificar o cambiar la producción, contextualización y la distribución de la información. En otros términos, gestionan para influir sobre el qué y el cómo se reporta.
La impunidad en este campo, desde el desguace de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regulaba límites a la concentración, prohibía la propiedad cruzada, reglaba la intervención de las autoridades de aplicación, entre otras medidas, es total. La debilidad institucional también garantiza a las élites incentivos para capturar medios.
“Las élites económicas y empresariales” en acción
Adecuándose al gobierno de turno y al “nivel” de colonización del Estado al que hayan llegado, las elites despliegan todos sus recursos – que ciertamente son vastos –, a fin de: diseñar, obstaculizar o condicionar las políticas económicas, que la política pueda generar en la gestión.
Como marco general de acción, digamos que los grupos minoritarios, pero con gran influencia, cuando colocan uno de sus “funcionarios en la cúspide de hacienda” tienden a endeudar desaforadamente al país, porque el endeudamiento supone una debilidad del resto de los actores económicos, y es siempre una ventaja de oportunidad para ellos, que conducirán el proceso financiero de la deuda, beneficiándose en el camino [intermediaciones, comisiones, honorarios].
A diferencia de otras élites latinoamericanas, cuando detentan (o dominan con alianzas políticas) el
gobierno, producen transferencia de ingresos, pero sin generar un proceso de inversión de capital, aunque sea de rasgo conservador. Endeudan el Estado (obligaciones para la ciudadanía) para fugar los capitales financieros, y en divisas, fuera de la economía nacional. Este proceso recurrente, que inviabiliza el desarrollo y crecimiento del país, podemos explicarlo como un comportamiento de excedente, valorización financiera y fuga que tiñe toda la economía del país, que incluso no permite estructurar ni siquiera un modelo conservador, que las mismas indisciplinadas élites (suelen desobedecer a los mismos gobiernos aliados, cuando se trata de realizar ganancias al menor costo sin considerar el equilibrio de las finanzas fiscales) podrían encabezar, tal como acontece en Brasil o Chile.
Además, en Argentina, a través de posiciones en corporaciones, su influencia sobre redes de formulación de políticas, el control sobre el apoyo financiero de fundaciones y posiciones en centros de estudios, universidades u otros grupos de discusión de políticas, los miembros de la élite dominante ejercen un poder significativo sobre las decisiones corporativas, gubernamentales y sociales.
Cuando accede al poder formal, cualquier partido o alianza de poder popular, nacional y progresista, y, alteran el proceso de toma de decisiones (es decir, el diseño y contenido de nuevas políticas públicas), las élites, revestidas por las organizaciones de derecha, comienzan una contraofensiva que no cesa hasta recuperar todas las herramientas que aseguran sus privilegios, y el control de la apropiación de la riqueza nacional.
Recurren como señalamos al principio a sus medios, generalmente hegemónicos, y hostigan
incansablemente la narrativa progresista, con declaraciones apocalípticas y la difusión de fakes news (para el permanente clima de zozobra); con decisiones judiciales de la corte que normalmente actúa de consuno, desestabilizando cualquier proyecto distribucionista o igualitarista.
En el terreno práctico, los grandes grupos económicos concentrados implementan aumentos de
precios injustificados en el plano de los costos, con lo que incrementan su renta, con su correlato en el aumento de la pobreza e indigencia. Los grupos financieros, generan las corridas especulativas en el mercado cambiario para forzar injustificadas devaluaciones del tipo de cambio, todo lo cual, agrava lo descrito.
Esa conducta de las minorías privilegiadas y poderosas, obstaculiza la construcción de un país estable. Es como que las mismas élites descreen en las posibilidades del país, por eso no emergen de ellas dirigentes con propuestas a futuro, repitiéndose sistemáticamente el ciclo de endeudamiento, fuga y colapso. Ese periodo concluye entonces, con un Estado encorsetado por la carga financiera que la deuda implica. El mismo Estado además queda dañado porque en los periodos neoliberales que auspician las élites, los mandatarios suelen desarticular herramientas y capacidades de control, con lo cual, cuando un gobierno popular accede (o retoma) al poder, tiene más límites para revertir los retrocesos socioeconómicos que se hayan verificado mediante nuevas políticas públicas.
Es un condicionante superlativo, que, sin embargo, no todos los gobiernos de masas son idóneos para transmitir a la sociedad toda, las restricciones que enfrentan para cumplir sus promesas. En nuestra opinión, la administración de Alberto Fernández resultó paradigmática en ese sentido.
La crisis dirigencial se cierne no solo en las élites incapaces de imponer consensuadamente un modelo de crecimiento real, incluyente, aunque de sesgo conservador, sino que se verifica también en el campo nacional y popular, que, fue inhábil de frenar el proyecto oligárquico conservador de construir una Argentina primaria y financiera forzando la quiebra del Estado, la desindustrialización y la distribución regresiva del ingreso. La deuda pública ha sido y sigue siendo un instrumento central para lograr este objetivo.
El peronismo como núcleo central del movimiento nacional y popular, pero también otras fuerzas que encarnan aspiraciones populares y acompañan generalmente las posiciones en la oposición, suelen fracasar en consolidar los progresos socioeconómicos que alcanza, y también en impedir la reversión [desestructuración] de estos, por parte de las élites cuando gobiernan con sus representantes, como en el gobierno de M. Macri, o el actual de Javier Milei. Son muy pocos los bloqueos que son capaces de aplicar a las políticas neoliberales (o ultras), ni tampoco de hacer pagar costos cuando terminan tales gobiernos.
Dado que las élites no acompañan políticas de largo plazo respaldadas por las mayorías, esas trazas –orientadas a traer beneficios a los sectores populares–, nunca terminan de afirmarse en el tiempo, con lo que la actitud de los opulentos no ayuda a legitimar la democracia.
En efecto, los (largos) ciclos neoliberales dejaron una marca negativa en la estructura socioeconómica de la Argentina, mucho mayor que en otros países de la región, y ello porque el país desde sus orígenes lideró el progreso económico primero agrícola y seguidamente de base industrial, y luego se patentizó el progresismo social, un cierto desarrollo científico-técnico importante, y finalmente, la consagración de amplios derechos políticos para toda la sociedad sin exclusiones, todo lo cual implicó el establecimiento de una plataforma de ascenso social que durante décadas funcionó, para la admiración y anhelo de vecinos, y creando una sólida clase media, la más grande de Latinoamérica.
El pronunciado retroceso desde aquella situación hasta el nulo crecimiento actual, la pérdida de
participación del ingreso por parte de la clase trabajadora, el desconocimiento de derechos
consagrados, el salteo de cánones legales en los procesos políticos, etc. Todo es de hecho posible, por la fragmentación de las expresiones del movimiento popular, la disensión ideológica que enfrenta a diversas vertientes, una evidente falta de cohesión en la mirada estratégica entre sus componentes, en definitiva, la ausencia de unidad de pensamiento y unidad de acción, o como decía J. Perón la «unidad de concepción para la unidad de acción».
Digamos también que hay momentos en el devenir histórico, en que las élites –aun siendo de la misma clase dominante– se fracturan, defendiendo intereses diversos por el origen de la riqueza de cada cual: las agroindustriales contra corporaciones extractivistas nacionales o extranjeras; exportadores contra importadores, o productoras para el consumo interno, etc. Esa segmentación por contradicciones, proyecta incertidumbre respecto del modelo económico del país, pues diríamos, ni los poderosos se ponen de acuerdo en la estrategia del reparto de riquezas. Tanto menos, esas élites, están dispuestas a dialogar con los gobiernos populares, lo que implica un reto mayor para mantener la estabilidad de la economía macroeconómica.
En un modelo u otro, de los tantos que se han ensayado en el país, y por el cambio de las variables
que se privilegian en cada cual, el sistema económico argentina termina siendo pendular. Con las tensiones constantes que ello provoca entre agentes económicos, V.gr.: extractivismo versus industrialización / integración en la globalización versus mercado de consumo interno próspero /
incremento del poder adquisitivo de la clase trabajadora, versus retracción en la participación en la
riqueza generada para el sector trabajo, etc.
Sin diálogo entre capital y trabajo, no se logran los necesarios consensos para el desarrollo con un modelo determinado de nación. Pero esta frustración social, suele ser endosada enteramente al
gobierno de turno, no a las clases empresarias o élites de éstas. Ya tenemos suficiente experiencia
en el país, de que las expresiones de derecha, saben usufructuar la desazón de muchos sectores,
para volcar las voluntades políticas hacia su deriva.
El cuento del gran Bonete.
Mientras estigmatiza ciertos actores sociales [trabajadores públicos, asistidos con planes, jubilados
con moratorias, etc.], el discurso de la derecha “liberal” prospera con ciertas muletillas que pretenden explicar las razones de nuestros males; desequilibrio de las cuentas públicas y la emisión monetaria, no apuntan a la desproporcionada acumulación de grandes fortunas, producto de monopolios u oligopolios; de subsidios estatales a empresas de producción o servicios; de libertad con disponibilidad de divisas, a fuga de capitales al exterior para retornar (en algunos casos) en modo de ‘nuevas inversiones’ o ‘autopréstamos’, al carry trade que nuevamente está de moda en Argentina.
La clase pudiente que orientan las élites, opta por la especulación financiera, antes que la inversión en capital fijo destinada a la producción (y, por tanto, al crecimiento de la oferta). Aun así, y en virtud de una eficaz narrativa que los invisibiliza, no son identificados como responsables de la situación, ni siquiera por los sectores más desposeídos. Y el fenómeno es “histórico”: los culpables siempre resultan otros actores o agentes, como los militares, los gobiernos populistas que no controlan el gasto, o simplemente «la política», a la que, de paso, descalifican con su prédica (sin embargo, fondean a personeros en todos los ámbitos de los poderes de la república).
Son las élites, sin embargo, las que forman capitales en el exterior (los organismos internacionales de crédito estiman en una masa de activos equivalente a UN PBI), sustrayéndolos del circuito económico nacional, son las que emplean la treta de constituir (o mudar) las sedes de sus negocios y contabilidades a paraísos fiscales, para evadir y eludir al fisco nacional. Son las que retienen producción agropecuaria para presionar sobre el tipo de cambio hasta lograr un nivel de su conveniencia, aunque esto implique inflación y disminución del poder de compra de las mayorías de consumidores y trabajadores locales.
Después de beneficiarse con las privatizaciones a precios módicos del gran capital estatal de los ’90 y aplicar sus capitales a la renta financiera, hoy las élites siguen siendo una subclase parasitaria y rentista, especialmente la fracción vinculada a la explotación de recursos naturales.
Pero como ya dijimos, no enfrentan verdaderos debates ideológicos que deberían surgir de la
oposición nacionalista y popular, su responsabilidad no aparece en la conciencia de la clase
trabajadora, y, al evitar todo debate sobre la distribución de la riqueza en los medios masivos de
comunicación, permanecen ocultos en el imaginario colectivo.
Esto último se relaciona con la batalla cultural, que la derecha está ganando en diversos frentes.
El credo neoliberal del individualismo caló hondo en la sociedad argentina, paradójicamente en una sociedad que alguna vez conformó una sociedad solidaria, una comunidad organizada, que trascendió a los gobiernos peronistas.
Tradicionalmente, el sustento político que las élites tuvieron, se encontraba en los estratos de
ingresos medios y altos de las áreas urbanas, no porque compartieran intereses, sino por aspiraciones y pautas culturales. Aceptando que existan ingresos medios que permiten un acceso al consumo medianamente sofisticado, viajar y contar con servicios varios, la élite controla la mentalidad de gran parte de la clase media argentina, aunque sus condiciones de vida se hayan deteriorado en los últimos años, pero mucho de sus componentes no se resignan a desclasarse, entonces, por una cuestión aspiracional, de expectativas y de (pseudo) identidad, aceptan las influencias de las élites.
Lo anotado en el párrafo anterior, plantea un grave problema para la normalización del sistema
político argentino, pues en efecto, la identificación de un sector importante de la sociedad con la
clase dominante [élite rentista], inhibe el progreso hacia un modelo de equidad y justo reparto de
esfuerzos y riquezas. En contrapartida, tampoco se ha aggiornado un proyecto nacional y popular que lo exprese y proponga, y no menos importante; sea un ancla para la identidad de las mayorías en la comunidad.
El Estado, a su vez, otrora actor determinante para favorecer a mayorías con sus políticas, se ve retraído y minusválido para imponerlas hoy, dado el desarme que la derecha ha ido produciendo en su estructura, y, para peor, disminuido en sus márgenes de maniobra en pos de políticas públicas de redistribución social por el alto endeudamiento. En este marco, se debilita el sistema político, y avanzan los intereses de las minorías ricas beneficiándose del modelo resultante.
Algunas observaciones finales
Hoy, bajo el gobierno libertario y con la gran dotación del funcionariado macrista, con políticas dictadas por la élite económica del país [Distintos actores económicos con capacidad de agencia, como los que conforman el Foro Llao Llao, los miembros argentinos del World Economic Forum, o del Council of the Americas, la Amcham (Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina), y la Asociación Empresaria Argentina (AEA), o los poderosos holding de Techint, Arcor, Aluar, Clarín, la Sociedad Rural, o directamente; de imprecisas fuerzas que, defendiendo intereses particulares, despliegan reticularmente una capacidad de presiones y tensiones, con el objeto de limitar la espontaneidad y comprometer la necesaria objetividad con la que tiene que operar el poder político].
En general, y tal como se aprecia por sus alianzas explícitas o implícitas, estos actores tienen una
estrategia mucho más asociativa que confrontativa con el capital extranjero.
No obstante, no hay que dar por sentada una homogeneidad en cuanto a la élite empresarial, porque justamente hay conflictos internos, fundados en intereses puntuales de cada sector según sus respectivas posiciones en la matriz productiva del país.
Sobre todo, como hemos dicho, es difícil demostrar claramente el vínculo de las élites con un
proyecto a más largo plazo. La voz de los empresarios locales no es especialmente importante en este orden (o al menos; no trascienden). Sin embargo, sí expresan sus opiniones –y en forma articulada–, en momentos de confrontación con el Estado, o cuando un actor del otro bando los desafía o se opone ideológicamente. En algunos casos existe una sensación de coordinación y movilización, pero ésta tiende a disminuir (o desarticularse) cuando disminuye o se diluye la amenaza del otro lado.
No existen posiciones equivalentes entre diferentes sujetos sociales. Esa disparidad de poder determina en última instancia quién se rinde. Es la determinación de luchar por un objetivo común y la unidad que mantienen a pesar de los cambios en el país, lo que les da la fuerza que a menudo trae la victoria en el tira y afloja de la política nacional.
El caso es que cuando ostentan todo el poder (fáctico y formal), la élite no logra estabilizar la economía y evitar las crisis recurrentes, ni aun aplicando sus regresivas y excluyentes recetas. No aceptan construir un modelo de desarrollo. Ni siquiera aprovechando las condiciones competitivas actuales, que incluyen capital humano instruido y con un nivel salarial bajo, en un país donde abundan los recursos naturales, hoy calificados por el mercado mundial como estratégicos, v.gr.: Hidrocarburos, litio, oro, cobre, proteína vegetal y animal, pesca, agua dulce en abundancia, etc.
La voracidad predatoria parece primar en las conductas de las minorías dominantes. En realidad, es una característica histórica, de ocuparse exclusivamente de sus propios intereses y desentenderse del progreso general de la sociedad. La prueba palmaria es que; pese a los superávits comerciales, no se logra acumular reservas pues el drenaje de capitales (facilitado por el Estado) no cesa.
El plan de la clase dominante parece ser, un extractivismo ilimitado (sin siquiera considerar factores ecológicos) y una valorización financiera preeminente, que destruye todo incentivo productivo industrial. Y la tercera premisa parecería ser, ceder la ordenación de la economía al FMI, al que la derecha recurrentemente acude. Lo paradójico es que las grandes corporaciones nacionales, incluso las que ya se transnacionalizaron, se suelen desvalorizar relativamente en estos marcos de austeridad en el consumo y escasez de dólares, y en algunos rubros pierden dinero y capital. Es un momento de riesgo de extranjerización, como pasó en los ’90. Pese a lo
cual, en general, mantienen el apoyo a los gobiernos ‘antipopulares’. Si es por apego ideológico o
una errónea lectura de la realidad, son meras especulaciones.
Ya nos ocupamos de que la falta de disposición al diálogo con los gobiernos que no le son
enteramente afines (en teoría pues se puede fácilmente demostrar que los grandes empresarios,
han tenido siempre récords de réditos con gobiernos populares), pero agregamos ahora como
apunte, que las élites, basadas en el éxito que tuvieron en imponer voluntades frente a ciertas crisis
[que ellos mismos contribuyen a forjar], adoptan hoy una actitud soberbia, ya no solo de rehuir
todo diálogo, sino de oponerse a cualquier regulación económica, tomándola como “intromisión
en sus intereses”.
La falta de una visión futura –como ya comentamos–, tal vez sea la detonante de la mirada de
inmediatez, de cortoplacismo que tienen los dirigentes elitistas. El contexto parece ser de una
perenne volatilidad, que justificaría esa tendencia, pero precisamente, es la actitud especulativa
que esa misma clase dirigente, lo que provoca la inconstancia de las variables o el cambiante
marco económico financiero del país.
Sin embargo, las élites han ganado financieramente con un gran menú de opciones de inversión,
que casi siempre sufraga el Estado, pero, en términos relativos, y medido en moneda dura, el
capital accionario de las empresas líderes se ha depreciado en los últimos años. La ideología,
cuando se percibe dogmáticamente, suele empañar (o distorsionar) miradas de largo plazo.
Una compensación que tienen a mano las élites –y que por cierto utilizan crecientemente–, es la
internacionalización de las grandes compañías, esto es; deslocalizando sus finanzas, sus casas
matrices, las estructuras de «offshorización» de sus patrimonios, por lo cual resultan empoderadas
frente a la capacidad regulatoria estatal. A propósito, esa asimetría de fuerzas entre actores,
resulta lesiva a la democracia.
Las ‘externalidades’ que impone el FMI en los acuerdos por préstamos que conceden, son
normalmente gravosas para las clases populares, además de ser su producido parcialmente
descontado de sus ingresos (indirectamente), para satisfacer las deudas que contraen los
gobiernos, y su sacrificio se percibe como una falla democrática, no como un desmanejo
cambiario o financiero de la élite, que se manifiesta en el gobierno.
Para desmejorar el cuadro, digamos que el gobierno de J. Milei, como instrumento político de las
élites a las que él responde, produce reformas cruentas siempre orientadas a achicar el Estado,
conteniendo la fuerza laboral, y recortando las funciones de asistencia social, pero no alterando los
privilegios normalizados que asegura el mismo Estado para los poderosos, es decir, ya no cumple
como constructo que equilibra intereses.
Conclusiones
La falta de proyecto de la elite política para solucionar problemas estructurales es lo que generó el
desafío existencial y la amenaza a la supervivencia del Estado-nación que tenemos hoy.
En efecto, la falta de un proyecto y programa de corto y mediano plazo por parte de las fuerzas
políticas tradicionales puede haber abierto la puerta a iniciativas de quienes, vinculando y
manipulando el legítimo descontento de las mayorías con las condiciones materiales creadas por el
sector de la élite tradicional, están gestando un proyecto que conducirá a una profunda regresión
para nuestro país.
En toda su diversidad, las elites siempre estuvieron y estarán. Los grandes autores de la ciencia política (Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels), aconsejan que aumentar la calidad y controles sobre las elites es mejorar la estabilidad del sistema político. También la Historia nos enseñó, cómo la guerra de las elites puede acelerar la crisis de los proyectos nacionales y del mismo Estado-nación.
La solución parece pasar por incorporar a la élite gobernante, dirigentes competentes de origen popular, para renovarla y darle consistencia, ya que si no hay verdadera circulación de sus miembros (no solo “renovación” de pares, propia de su endogamia), tarde o temprano, frente a una casi inevitable insurgencia popular ante el empeoramiento material de vida, perderá su dominio, pero para las mayorías implica un probable destino distópico (autocracia o peor). En las clases medias o bajas se encuentran los líderes más eficaces, vigorosos y enérgicos que necesita aquella renovación.
Su particularidad, es que los dirigentes populares (no aristocráticos, excluyentes, etc.) le dan una diversidad de propuestas que es esencial para el éxito en el futuro, y que la elite tradicional no demostró poseer. Se requieren enfoques innovadores y adaptados a cada contexto, con soluciones que deben ser inclusivas y considerando las necesidades comunitarias.
Si los poderosos no admiten esta integración, y siguen aplaudiendo con cinismo, los desvaríos
autoritarios y excluyentes del populismo fascista, tarde o temprano, el país puede rumbear hacia la
desintegración. No hay estado gendarme que actúe con ferocidad punitiva que se sostenga en el tiempo. Hay demasiadas tensiones geopolíticas sobre la nación, de las que las mayorías, no son conscientes, pero como sostenemos en el presente artículo, la minoría dominante tampoco parece estar advertida.